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Rama Judicial de San Gil se unió al paro nacional

 

Gladys Margarita Caballero Sánchez oficial mayor del Juzgado Segundo Penal del Circuito y secretaria de la directiva departamental de Asonal Judicial, dio a conocer que estarán en asamblea permanente,  solo se permite el ingreso de funcionarios y empleados y no hay acceso para abogados ni particulares.
Sólo se permitirá la tramitación de habeas corpus, lo relacionado con detenciones, con la libertad, con las tutelas con medidas provisionales como las de salud, y se deja de atender procesos ordinarios.
Caballero Sánchez explica que desde el año 1999 exigen nivelación salarial: “La Ley 4 de 1992 hace una nivelación salarial a todo servido público y no discrimina a nadie, pero a los jueces, fiscales y empleados no se le ha hecho aplicación sólo a magistrados”.
Añade que con paros realizados en los años 2006 y 2008 se logró un incremento de 15 días de salario por semestre pero no la nivelación esperada.
Respecto de las conversaciones de las directivas de Asonal Nacional con el Ministerio de Justicia manifiesta que van por buen camino, pues se hizo una propuesta de  incremento al presupuesto.  “Eso es lo que necesitamos porque por estos días se está estudiando el presupuesto de la rama judicial y esperamos que quede incluido el incremento salarial”.
Por lo pronto, el sector judicial de San Gil continuará en asamblea permanente por unos 10 días mientras se define una solución entre las partes.
Según Gladys Caballero Sánchez, los salarios están así:
Magistrado diecinueve, millones de pesos
Juez del circuito, cinco millones de pesos
Juez municipal, cuatro millones de pesos
Secretario, millón ochocientos mil pesos
Notificador, millón doscientos mil pesos

(San Gil, 17 de Octubre de 2012)

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, señaló en un comunicado que el gobierno "reconoce el derecho a tener una nivelación salarial en la rama judicial y en la Fiscalía General de la Nación", una de las principales peticiones que tenían los trabajadores de la rama judicial en cese de actividades.

El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálora, indicó que la ministra de Justicia y e

l Gobierno "entran a reconocer un derecho que nosotros hemos venido solicitando ya casi hace dos décadas".

La ministra de Justicia indicó que "para el año 2013 el Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, contarán con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar los traslados presupuestales que garanticen una primera etapa en el proceso de nivelación salarial iniciando dicho proceso por los grados de menor remuneración".

Otálora dijo que "ven con buenos ojos" la propuesta, sin embargo serán las bases quienes decidan levantar o no el paro.

"Cualquier levantamiento del paro será al referendo de las bases, y por eso mañana vamos a llevar la propuesta a las bases para que sean analizadas en las respectivas asambleas, como lo hemos expresado vemos con buenos ojos la propuesta pero serán las bases las que en última instancia nos digan si están de acuerdo o no con esta propuesta del gobierno nacional".

Más de cuatro horas completó la reunión en el Ministerio de Justicia en la que participan la ministra Ruth Stella Correa, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, el Fiscal General Eduardo Montealegre y representantes de Asonal Judicial.

En el encuentro también participaron la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Ricardo Monroy, el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez y delegados del Ministerio de Hacienda.
Este es el comunicado divulgado por la ministra de Justicia.

Reunidos en el Ministerio de Justicia y del Derecho, los miembros de la Comisión Insterinstitucional de la Rama Judicial, la señora Ministra de Justicia, el señor Ministro del Trabajo y el Ministro de Hacienda manifiestan lo siguiente:

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación, revisarán el estudio titulado “Estudios de salarios y prestaciones sociales de la Rama Judicial” y lo presentarán a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial con el propósito de encontrar un consenso sobre el sistema de remuneración de los funcionarios de dicha Rama. Lo anterior sobre la base de la nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad en desarrollo del Artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

2. Esta Comisión insta a que en un término de 60 días se defina el punto anterior y a que se acuerde entre el gobierno y la Comisión Interinstitucional, un plan de trabajo y un cronograma plurianual para su ejecución, con fechas de cumplimientos para las etapas. El cronograma tendrá la gradualidad de ejecución que contemple las apropiaciones presupuestales requeridas para su cumplimiento.

3. Se reconoce el derecho a tener una nivelación salarial en la rama judicial y en la Fiscalía General de la Nación.

4. Para el año 2013 el Consejo Superior de la Judicatura – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, contarán con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para realizar los traslados presupuestales que garanticen una primera etapa en el proceso de nivelación salarial iniciando dicho proceso por los grados de menor remuneración.

5. Se insta a los trabajadores de la rama judicial – Fiscalía General de la Nación a normalizar los servicios prestados a los ciudadanos.



Esta madrugada el Gobierno nacional, previa consulta telefónica con el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres y el Fiscal General Mario Iguarán, se comprometieron a viabilizar las siguientes peticiones, "siempre y cuando Asonal Judicial suspenda el paro de la Rama Judicial", según dijo el Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio. Los seis puntos del preacuerdo son: 1.
Estudiar e identificar nuevas fuentes de financiación al presupuesto general de la nación que permitan elevar a $150.000 millones la propuesta de incremento salarial de la Rama Judicial. 2. En el mes de mayo de 2009, el Gobierno Nacional y Asonal Judicial, examinarán la viabilidad de un nuevo ajuste salarial, de acuerdo con el comportamiento de las principales variables económicas y fiscales (comportamiento del recaudo tributario, del crecimiento económico, de la inflación y de la situación de financiamiento publico). 3. El Consejo Superior de la Judicatura acepta efectuar el pago del sueldo de todos los funcionarios y empleados, a quienes reinicien sus labores a más tardar el 16 del mes en curso, previo compromiso de reposición del tiempo dejado de laborar durante el paro, de la siguiente manera: el 50% dentro de los 3 (tres) das siguientes al reintegro de labores debido al proceso de la nómina y el otro 50%, previo el cumplimiento del cronograma para la reposición del tiempo no laborado, que contemple proferir las sentencias no dictadas a raíz del cese de actividades. 4. La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura orden indagación preliminar el viernes pasado a la luz del Decreto 2930 del 08 y le comunica a la Rama Judicial, que si se reintegran a sus labores dentro de los próximos 3 (tres) das, la anunciada indagación perder sus efectos jurídicos. 5. La Fiscalía General de la Nación ratifica su compromiso de adelantar las gestiones que dentro de la Constitución, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Ley, permitieran extender la fecha de publicación del listado definitivo de elegibles, hasta el 31 de diciembre de 2008 si fuera necesario. Por su parte, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se compromete a aplicar el concurso para empleados de manera gradual. 6. Los demás temas del pliego de peticiones presentados por Asonal Judicial, se discutirán en los meses siguientes a la suscripción del acuerdo, en el marco de la mesa de concertación conformada para el efecto, la cual se reunir permanentemente mientras se concreta este acuerdo y posteriormente como mínimo, una vez al mes. Por su parte, Asonal Judicial y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se comprometen a someter a consideración de las bases de la Rama Judicial, los puntos anteriormente planteados y dar una respuesta a más tardar el próximo 15 de octubre, con el fin de suspender o no el paro de la Rama.





El Gobierno Nacional y los funcionarios de la Rama Judicial, llegaron a un principio de acuerdo que pretende dar por terminado el cese de actividades judiciales, que desde el pasado jueves se cumplen en el país.
Sin embargo, el paro continuará hasta que los trabajadores de la rama analicen éste preacuerdo propuesto por el Gobierno Nacional. Asonal Judicial socializará este acercamiento con el ejecutivo, durante éste jueves.
Por su parte, la Ministra de Justicia y Derecho, Ruth Stella Correa, explicó a través de un comunicado que el Ministerio de Hacienda, junto al Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la nación, revisarán el estudio de salarios y prestaciones sociales de la Rama Judicial, con el proposito de encontrar un consenso en el tema de remuneración.
Dicha comisión interinstitucional indica que en 2 meses, se debe definir un plan de trabajo con fechas, para ejecutar gradualmente las apropiaciones presupuestales requeridas para su cumplimiento.
"Para el año 2013, la Rama Judicial y la Fiscalía General, contarán con la autorización del Ministerio de Hacienda para realizar los traslados presupuestales que garanticen una primera etapa en el proceso de nivelación salarial", indica el comunicado leido por la Ministra.
El presidente de Asonal Judicial, Fernando Otalvaro, agradeció ésta posición del Gobierno pero sostuvo que el cese de actividades no termina, hasta que no se evalue a fondo, dicho preacuerdo.

Texto copiado de www.lafm.com.co - Conozca el original en http://www.lafm.com.co/node/123446#ixzz29grszuPc

 

 ASONAL JUDICIAL

Hace responsables de lo que pueda ocurrir con la integridad personal del Dr. JUAN DE DIOS SOLANO SOLANO; al señor presidente de la República, por afirmar que como “manzana podrida” le dio libertad al terrorista alias “chucho”; al señor fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Dr. ALBERTO RAMIREZ PARRA, por afirmar que de manera malintencionada e ilegal, le dio libertad al mismo personaje; y a los magistrados de la sala penal del H. T. S. del Distrito Judicial de Bucaramanga, quienes adelantan el juicio al Dr. SOLANO; por anunciar un fallo condenatorio, significándose que se obró con la intención o DOLO, al dejar en libertad al que pertenecía al grupo subversivo, FARC.
 
Presidencia de la República, Fiscalía General de la Nación y Sala Penal de decisión del H. T. S. de Bucaramanga; con su actuar no han hecho otra cosa, que colocar una lápida en el cuello al compañero JUAN DE DIOS; por eso, los hacemos responsables de lo que le pueda ocurrir al aludido funcionario; ya que la responsabilidad penal que le atribuyen, carece del total respaldo probatorio, para predicar de su actuación, que tuviera la intención o DOLO de dejar en libertad a un integrante de la guerrilla.
 
Dicha sindicación, dentro de las condiciones de polarización del país, es demasiado grave; o si no; miremos incluso, cómo solo con la intervención insensata del presidente de la República, una vez se produjera la orden de libertad de aquel señor, las redes sociales, no solo se llenaron de improperios de alto calibre, sino también de amenazas de muerte; ¿cómo sería que hubiera una sentencia condenatoria en firme?
 
¡Señor presidente de la república, señor fiscal delegado ante el T. S. de Bogotá, Dr. ALBERTO RAMIREZ PARRA; Honorables magistrados Sala de decisión penal del H. T. S. del distrito judicial de Bucaramanga!; convertir al Dr. Solano, de buenas a primeras, en proclive a la lucha armada guerrillera, sí es una acusación temeraria y sin fundamento; o será que “legalmente”, en una decisión judicial, se le puede conceder libertad a un guerrillero, con clara intención o “DOLO”, sin ser afín a la lucha armada, y SIN QUE SE PUEDA TILDAR DE TAL A UN JUEZ DE LA REPÚBLICA?; por eso no dudamos en afirmar, QUE USTEDES, SON LOS ÚNICOS RESPONSABLES de lo que pueda ocurrir con la integridad personal del Dr. Solano.
 
POR AUTONOMIA E INDEPENDENCIA JUDICIAL – ASONAL JUDICIAL                   
  ¡PRESENTE¡          ¡PRESENTE¡         ¡PRESENTE

 

Asonal Judicial cuestiona los cambios en el sistema de pago de nómina de los Empleados de la Rama Judicial en Colombia

Diciembre 26 de 2011

Como un “negociado” por parte del Consejo Superior de la Judicatura calificó Asonal Judicial en el cambio de software de contabilidad que permite liquidar y cancelar los salarios a todos los empleados de la rama jurídica en el país.

Hay molestia en Asonal Judicial por el cambio del programa de pago, el cual no ha permitido desembolsar la última mesada de los trabajadores judiciales en Colombia.

Según Leonel Rodríguez, vocero de Asonal judicial, esta situación afecta a más de 40 mil trabajadores.

Asonal ve con preocupación que después de pasar una “navidad negra”, ahora los empleados jurídicos del país tengan que recibir el nuevo año sin un peso.

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Trabajadores judiciales ganan batalla jurídica por dineros adeudados desde 2000

Por: Elespectador.com

El Ministerio de Hacienda deberá garantizar indexación salarial y pago de intereses por mora de diez años a trabajadores de la Rama.


Todos los trabajadores de la Rama Judicial que recibieron su reajuste salarial de 2000 únicamente en el mes de diciembre podrán exigir el pago de los montos que dejaron de percibir los restantes 11 meses del año, según lo dispuso el Tribunal Administrativo del Meta.
Así respondió la Corporación a una acción de grupo a la que acudieron algunos ciudadanos que prestaron sus servicios laborales a la Fiscalía General de la Nación durante la época, pues el incremento en la paga que les fue autorizado para ese año terminó siendo inferior al del Índice de Precios al Consumidor, IPC, por cuanto consideraban que era necesario que se efectuara la indexación.
El Tribunal no sólo ordenó al Ministerio de Hacienda el reconocimiento de estos de derechos sino también el pago de los intereses moratorios que a la fecha se han acumulado con la existencia de la deuda.
Adicionalmente, el Juez consideró que todos los trabajadores de la Rama Judicial que no hubiesen acudido a la acción y que acreditaran haber padecido idéntica problemática podrán hacerse al cobro del dinero.
Los valores, que en muchos casos superan los 2,5 millones de pesos para cada trabajador, serán recaudados en el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.

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A la OIT acudirá Asonal para impedir veto a trabajadores judiciales | El Espectador

Corte Suprema determinó que los trabajadores de la Rama Judicial no pueden hacer parte de sindicatos.
El presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, dijo que se dirigirá a la Organización Internacional del Trabajo, OIT, para impedir que se haga efectiva la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que impide a los trabajadores de la Rama Judicial hacer parte de sindicatos.

Así mismo, manifestó que la decisión no fue producto del análisis de los magistrados titulares de la Sala Laboral sino de un grupo de conjueces, dado que los primeros se declararon impedidos para fallar.

“Creemos que es un verdadero desacierto, una vergüenza para quienes imprimieron esa decisión que, entre otras cosas, no son funcionarios de la rama judicial, porque todos los magistrados de la Corte Suprema, Sala Laboral, se declararon impedidos para conocer de este tema”, precisó.

Para el líder sindical, se trata de una medida de corte político, lejos de tener algún elemento que parta del derecho, como quiera que hace parte de la “persecución” que han emprendido las instituciones en contra del movimiento obrero en Colombia.

“Es una sentencia que, indiscutiblemente, tiene más carácter político que jurídico. Se trata de atemorizar a los trabajadores judiciales, a su organización gremial”, añadió. Dijo que pareciera que el interés es amordazar a los servidores judiciales y, en general, a todo el sector de los trabajadores colombianos pues, según él, en la decisión sólo faltó una prohibición definitiva a los trabajadores para que hablaran.

De ahí que esté promoviendo una manifestación cívica de la que se hagan partícipes todos los empleados del sector el próximo miércoles, en la que los marchantes se presenten en las calles con tapa bocas, como acto simbólico de protesta ante esta decisión.

Pese a que la sentencia impide el desarrollo de todas las acciones que adelanta Asonal como organización de trabajadores, Fabio Hernández dijo que la central seguirá promoviendo todas las acciones inherentes a su esencia, como quiera que en su seno se aglutinan todas las exigencias de reivindicación de quienes trabajan para la Rama.

 

 

Se salva el Consejo Superior de la Judicatura

Después de un largo debate, la Comisión Primera del Senado rechazó la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, uno de los principales puntos, y más polémicos, del proyecto de reforma a la justicia presentado por el Gobierno.
El presidente de la República, Juan Manuel Santos señaló que “se llegó a un acuerdo sobre la continuidad del Consejo Superior de la Judicatura”.
El primer mandatario aclaró que la decisión se tomó después de un “intenso debate” en el que participaron los Ministros de Justicia y del Interior, así como los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura.
“Yo celebro enormemente este paso, ustedes todos, el país entero saben muy bien que he sido un gran defensor de la teoría de la armonía necesaria entre los poderes públicos y la necesidad de trabajar con la misma dirección y con los mismos objetivos”, dijo el mandatario.
Santos destacó los alcances del acuerdo y manifestó que se busca una justicia ágil para el país y descongestionar los procesos judiciales.
Puntualizó que este “es un paso importante que fortalece nuestra democracia, que da una demostración más de que tenemos una democracia donde los poderes públicos pueden trabajar juntos, guardando nuevamente, y siempre insistiendo en su respectiva independencia”.
Armonía entre poderes
Por su parte el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Humberto Tarquino, dijo que el trabajo permitió llegar a un acuerdo en puntos específicos de la reforma.
“Finalmente hubo una conciliación para beneficio de este proyecto, en el propósito de que esta reforma redunde en el fortalecimiento de la justicia, y desde luego, en el ciudadano común de aquel que reclama justicia”, señaló Tarquino.
 De igual manera, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Angelino Lizcano, resaltó que este proyecto se ha trabajado arduamente siempre teniendo en cuenta lo vital para la justicia, “es garantizar el acceso a la justicia de todos los ciudadanos en forma ágil, eficaz y transparente”, subrayó.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, indicó que con este acuerdo se observa la armonía entre poderes, pues se identificaron los puntos de convergencia en la Reforma a la Justicia.
Finalmente, el senador Luis Fernando Velasco resaltó cómo los poderes públicos pueden trabajar en armonía y llegar a conciliar los distintos aspectos de la reforma. “Esta noche es importante si podemos ponernos de acuerdo en medio de las diferencias, sí podemos construir sendas que señalen salidas importantes”, concluyó.
Puntos del acuerdo:
Posibilidad de acceso real a la justicia: se creará un mecanismo ágil de desjudicialización. La idea es que muchos de los procesos que hoy llegan a los jueces sean desjudicializados y que se puedan resolver por conciliaciones, ante inspectores de policía e inclusive ante abogados.
Justicia más cercana: los temas de barrio y de día a día que no tengan que a donde los jueces.
Ejercicio de descongestión: para los más de dos millones de procesos represados por un periodo de cinco años se garantizará que a particulares se le puedan dar casos que no sean penales o administrativos.
Doble instancia para congresistas: Se crean magistrados instructores y magistrados juzgadores de primera instancia. Como segunda instancia se acoge la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia.
La Tutela: La tutela no será tocada pues está funcionando bien.
Comisión de Acusaciones: Se acaba la Comisión de Acusaciones y se crea un tribunal de nueve magistrados del más altos nivel para que hagan las indagaciones de los expresidentes principalmente.

 

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